Resolución N° 174 de 2014 ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la reactivación de sociedades? ¿Cuál es el alcance del control de legalidad que ejerce la Cámara de Comercio en este tipo de operaciones?
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Fecha
2014-10-21
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Editor
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2014
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Resumen
Descripción
La Cámara de Comercio de Bogotá inscribió el acta no. 007 de Junta de Socios de la sociedad PROVISIONES Y SUMINISTROS SAS, mediante la cual se aprobó la reactivación de la misma, la transformación de la misma en una SAS y el nombramiento del representante legal.
El representante legal "removido" solicitó la revocatoria directa del acto administrativo.
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Temas
Reactivación de sociedad
Marco jurídico aplicable
Artículo 83 Constitución
Artículo 84 Constitución
Artículo 835 Código de Comercio
Sentencia T-069 de 2012 Corte Constitucional
Artículo 84 Constitución
Artículo 835 Código de Comercio
Sentencia T-069 de 2012 Corte Constitucional
Decisión
No revocar el registro.
Ciudad del laudo
Parte convocante
Parte convocada
Árbitros, Consejero, Ponente, Magistrado Ponente
Tipo de contrato del Laudo
Jurisprudencia citada
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Razón de la decisión
Reactivación de Sociedades- Control de legalidad sobre lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010- Control Restringido- Se verifica el cumplimiento de los presupuestos de la reactivación declarados en el acta- Ahora bien, en cuanto a la tesis que plantea el solicitante de la revocatoria, en relación con la obligación que tienen las cámaras de verificar el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 29 de la ley 1429 de 2010 para reactivar sociedades es decir, que las mismas no tengan pérdidas que superen el 70% de los activos y no se haya iniciado la distribución del remanente, debemos precisar que el cumplimiento de dichos requisitos debe ser señalado en el acta que se presenta para inscripción, pero en ningún caso le corresponde a la entidad registral corroborar que se este cumpliendo lo declarado por los socios.
Principio de Buena fe - Hacer este control significaría el desconocimiento del principio de la buena fe con la cual cuentan los administrados ante las entidades, y por lo tanto un total abuso de las funciones delegadas a las Cámaras de Comercio.