El arbitraje se ha convertido en uno de los mecanismos procedentes y útiles para que las entidades públicas resuelvan las diferencias suscitadas con ocasión de sus relaciones contractuales. Para los arbitrajes en que comparece el Estado en calidad de parte se ha previsto una serie de condiciones o medidas que modulan el proceso arbitral en comparación con aquél al que solo acuden sujetos privados, circunstancias especiales que denotan un trato diferenciado que se ha justificado en el interés general que es inherente al actuar público del Estado. Estas medidas comprometen el principio de igualdad procesal, pero, se consideran razonables y necesarias y, por tanto, legítimas y válidas al amparo del mencionado interés general que hace del Estado un sujeto especial.