La Cámara de Comercio de Bogotá, interesada en el estudio de los temas que inciden en el sector empresarial, consideró importante analizar el alcance de la Ley 333 de 1996, por la cual se establecieron las normas que regulan el procedimiento para la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita. La Ley 333 de 1996, un esfuerzo legislativo de gran importancia que dotó al país de instrumentos legales que permiten atacar el poder económico de las organizaciones criminales, se expidió en desarrollo de la Constitución Política de 1991, que si bien 'T. .. ) garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles 1 los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores", establece la prioridad de los intereses colectivos, al señalar que "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. ( .... ). Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente". (Art. 58 C.N.).