Para combatir el flagelo de la corrupción en la administración pública se expidió el Estatuto Anticorrupción, mediante la Ley 190 del 6 de junio de 1995. Esta normativa revistió de facultades extraordinarias al Gobierno nacional para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios que existen en la administración pública, como quiera que ellos estimulan y corrompen las costumbres de las personas encargadas de los distintos manejos administrativos. En desarrollo de las facultades otorgadas por la Ley 190 de 1995, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2150 de 1995, de supresión de trámites en la administración pública, como un mecanismo importante para frenar el avance de la corrupción.