Las obras de infraestructura y, en general, la contratación pública, son motor del desarrollo económico y social del país. Este Gobierno ha expedido muchas normas que incorporan, para bien, cambios reglamentarios en aspectos de contratación pública, lográndose ajustar la Ley 80 de 1993, después de aproximadamente 14 años de vigencia. Este Gobierno, también, fue promotor del proyecto que se convirtió en la Ley 1150, introductoria de cambios fundamentales en todo el conjunto de la gestión pública contractual. Al margen de las resistencias que implica la aplicación de una nueva legislación, esta Ley, como ya se ha comprobado, ha tenido con su vigencia y aplicación, un beneficioso impacto administrativo, en la compra de bienes y en la contratación de obras y servicios. Ello es garantía de un adecuado funciona miento del aparato estatal.